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Institucional

Autoridades

Ministra: Lic. Claudia Najul

Subsecretaria de Desarrollo: Lic. Marcela Fernández

Directora de Género y Diversidad: Lic. Silvina Anfuso

Organigrama

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes (Ir al Sitio)

Subsecretaría de Desarrollo Social (Ir al Sitio)

 

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Misión
  • Generar acciones que permitan la superación de situaciones de discriminación y/o violencia; y promover condiciones de igualdad en el acceso a los derechos ciudadanos de las mujeres de la Provincia de Mendoza. (integralidad del servicio) prevención, registro, y abordaje de las distintas modalidades de violencia.
  • Eliminar la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida
  • Garantizar el pleno derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencias.
Objetivos
  • Promover el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género, adoptando el principio de transversalidad que estará presente en todas las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios.
  • Propiciar articulaciones para mejorar el acceso a la Justicia, a la Salud y a la Educación.
  • Garantizar la asistencia integral a mujeres víctimas de violencia tanto en el ámbito estatal como privado, y fundamentalmente en los servicios especializados de violencia
  • Fortalecer a los organismos del Estado provincial y municipal y a las organizaciones de la sociedad civil, como así también a los consejos locales, para que desarrollen programas integrales de lucha contra la discriminación y la violencia hacia la mujer y que promuevan el desarrollo y la integración social.
  • Generar políticas destinadas a promover la igualdad en el acceso a los derechos ciudadanos entre hombres y mujeres.
  • Promover la mejora en la calidad de vida de mujeres en todas las dimensiones de su desarrollo personal, profesional, familiar y comunitario.
  • Fortalecer el rol de los gobiernos locales como estrategia para la equidad territorial de las políticas públicas.
Historia

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Si bien desde 1776 – Declaración de los Derechos de Virginia (EE.UU.)- y 1789 –Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia), contamos con cartas de reconocimiento de derechos humanos, fruto de las Revoluciones del S. XVIII, es importante destacar que en ninguno de estos documentos se consideró a las mujeres  (Importante excepción a esto supone la “Declarations des Droits de la Femme et de la Citoyenne”, escrita en 1791 en Francia por Olympe des Gouges, precisamente como contestación a la invisibilización de la mujer en la carta de 1789.

En los primeros años del siglo XX se verifican esfuerzos desde el Derecho Internacional para legislar sobre aspectos importantes de la vida de las mujeres, básicamente derechos civiles y políticos, como respuestas a las demandas históricas de los movimientos feministas y de mujeres, el sufragista entre muchos otros.

En 1979 la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, punto de partida para hablar de Derechos Humanos específicos.

Será recién en la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada por la ONU en 1993 en Viena, cuando se reconocerán los derechos de las mujeres como derechos humanos; luego vendrán la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo – 1994) que reconocieron los derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995).

Otro importante avance producto de la lucha de los movimientos de los movimientos de mujeres y feministas  ha sido la tipificación de la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos a partir de la Declaración y el Plan de Acción de la II Conferencia  Mundial de Derechos Humanos (1993).

 

-Texto del Manual “Violencia contra las Mujeres: quién calla otorga”. INCIHUSA – CONICET – IDEGE (Instituto de Estudios de Género, Secretaría Académica UNCuyo), pps 26-27

 

Desarrollo del organismo institucional de políticas dirigidas a promover los derechos de las mujeres en Mendoza (1988 – 2008)

 

Texto de Anzorena, Claudia: “El desarrollo del organismo institucional de políticas dirigidas a promover los derechos de las mujeres en Mendoza (1988 – 2008)”. Resumen.
Publicado en la Plataforma de información para políticas públicas de la Universidad Nacional de Cuyo.
URL del artículo: 
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/articulos/index/el-desarrollo-del-organismo-institucional-de-politicas-dirigidas-a-promover-los-derechos-de-las-mujeres-en-mendoza-1988-2008. 

 

El retorno a la Democracia dio lugar a la instalación en el Estado de un espacio dedicado a atender las diferentes formas de discriminación contra las mujeres y promover su plena participación. En este artículo realizaremos un breve recorrido por la trayectoria y los avatares del proceso de creación e institucionalización del principal organismo de la provincia de Mendoza (Argentina) encargado desde 1988 de formular e implementar políticas públicas hacia mujeres.

 

Contexto de creación: el tema “mujer” en el escenario internacional

A partir de la década de 1970, los organismos internacionales comenzaron  a considerar que las mujeres tenían un papel relevante en las economías nacionales y por tanto eran un recurso necesario para el “desarrollo”. En este sentido Naciones Unidas, a través de una serie de conferencias y convenciones, instó a los gobiernos a dirigir políticas gubernamentales como instancias para mejorar la situación y promover el “adelanto” de las mujeres. (Ver cuadro 1).

cuadro1

Si bien el interés de los organismos internacionales fue fundamental en este proceso de institucionalización de la perspectiva de género, es necesario no desestimar que estos procesos tuvieron cabida en un escenario propiciado por el accionar de los “nuevos” movimientos sociales – como el feminista – que, desde los años ’60, venían instalando en el espacio público una serie de problemas y demandas inéditas hasta ese momento.

 

Contexto Nacional

En 1987, el presidente Raúl Alfonsín, creó por decreto la Subsecretaria Nacional de la Mujer, como culminación del proceso iniciado en 1985 con el programa de Promoción de la Mujer y la Familia. La Subsecretaría fue el primer organismo de promoción de las mujeres creado en el aparato del Estado en Argentina. En 1989, cuando asume la presidencia Carlos Menem, es primero ascendida al rango de Secretaría y cerrada en 1990, con el argumento de la reestructuración, propia de la incipiente reforma neoliberal del Estado implementada por el menemismo. Posteriormente en 1991 se reabre por presión de los organismos internacionales, pero como Consejo Nacional de la Mujer dependiente de la Secretaría de Función Pública, y en sintonía con los organismos internacionales de financiamiento, que apelaban a la organización social para encubrir la tendencia cada vez mayor a trasladar las responsabilidades del Estado a la sociedad civil y de la Nación a las provincias y municipios. El cierre de la Subsecretaría fue el símbolo de la clausura de una fase de optimismo para los movimientos de mujeres y el comienzo de una nueva etapa, que en muchos casos significó un retroceso en lo conseguido. Actualmente el Consejo Nacional de la Mujer ha quedado ubicado, junto a otros organismos y programas, como un organismo satélite llamado “instrumentos de gestión” de los ministerios que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

 

El área “mujer” en la provincia de Mendoza (1988-2008)

En 1988 en Mendoza estaban dadas las condiciones para que el “tema mujer” ingresara al Estado como resultado de diversos compromisos internacionales y de la iniciativa de mujeres comprometidas con la temática .El gobernador nombró a la Ingeniera Cristina Zuccardi, asesora del gobernador en el tema “mujer” y por tanto este espacio quedó denominado como “Asesoría de la Mujer”, para comenzar a trabajar en la conformación de un espacio para abordar “el tema de las políticas públicas de igualdad o políticas públicas de promoción de las mujeres” (Anzorena, 2002). En una coyuntura favorable, logró introducir el tema y realizar acciones en la estructura gubernamental, a pesar de las resistencias que despertaba en algunos sectores conservadoras. De este modo la Asesoría comenzó las gestiones para la sanción de una ley que creara un Instituto de la Mujer.

Este cambio permitiría darle jerarquía e institucionalidad al organismo y fijar las funciones y la organización interna.

En 1991, un decreto del Gobernador Bordón concretó la creación del Instituto de la Mujer, pero la Ley no fue presentada en la Legislatura. En 1993, Zuccardi fue electa Diputada Nacional y asumió en su lugar la Lic. María Cristina Perceval.

Esta gestión tenía como finalidad en una primera etapa, lograr instalar en la agenda política y en la sociedad en general los problemas y las inquietudes de las mujeres.

El Instituto tenía una postura ideológica estratégica que promovía las reivindicaciones de las mujeres sin romper relaciones con ningún sector de la sociedad y crear lazos, convocar y consensuar con todos ellos.

La Asesoría y el Instituto favorecieron un intercambio activo con otros organismos del Estado, partidos políticos y sociedad civil. Además mantuvieron una relación fluida con distintas agrupaciones del Movimiento de mujeres, tanto en el nivel nacional como internacional.

En sus inicios la estructura organizativa del Instituto estaba dividida en tres partes, cada una con funciones específicas y reunía un espectro amplio y variado:

  1. Consejo Rector
  2. Consejo Consultivo
  3. Comisión Ejecutiva

Las acciones que se realizaron en esta etapa fueron variadas y con alcance en toda la Provincia. El primer Instituto de la Mujer ejecutó 18 programas y es interesante observar su amplitud:

  1. Prevención y Promoción de la Salud de la Mujer: Cuidado del Embarazo, Prevención del Cáncer Génito Mamario, Promoción de la Salud Mental de la Mujer, Mujer y Sida.
  2. Prevención de la Violencia contra la mujer
  3. Mujeres Produciendo
  4. Atención Integral al Adolescente
  5. Asesoramiento Legal a Mujeres Trabajadoras
  6. Asesoramiento Legal en Derecho de Familia
  7. Apoyo a mujeres en situación de riesgo
  8. Igualdad de Oportunidades para la mujer en el ámbito educativo
  9. Mujer y Medio Ambiente
  10. Mujer y Deporte
  11. Relaciones Institucionales y Municipales
  12. Capacitación
  13. Participación y Organización Comunitaria
  14. E Intervencion Multisectorial para la mejora de la condición de la mujer en la Provincia de Mendoza, con cooperación del Gobierno de Italia.

Marita Perceval renunció en 1995 y el Justicialista Rodolfo Gabrielli nombró a Hortensia Espínola para terminar los 8 meses de gestión que quedaban, quién continuó las vías de acción iniciadas anteriormente.

 

La transformación del Instituto de la Mujer en Consejo Provincial de la Mujer (1996) por decreto del Gobernador Lafalla implicó una modificación y una reducción en la estructura organizacional del espacio. Se designó como Presidenta del Consejo a Maria Elisa Nicolau.

En esta etapa la gestión estuvo centrada en dos ejes: la democratización del área en lo que respecta a la organización interna y la llegada a los sectores de mujeres más pobres en lo que se refiere a las políticas.

Su mayor interés eran las mujeres de sectores populares y rurales, poniendo el acento en la pobreza y la exclusión, aunque sin plantearlo como una disyuntiva “género versus pobreza”.

Este espacio, en sus inicios bajo un signo feminista, se definía sobre la idea de que las mujeres tenían que conquistar derechos ciudadanos y el Estado debía garantizarlos.

El área fue reubicada en el lugar tradicional de las mujeres en el aparato del Estado, es decir en el espacio de las políticas sociales donde se atienden problemáticas específicas, como: discapacidad; familia; vejez e infancia;  lejos del espíritu emanado de las Estrategias de Nairobi.

Nuevamente en el año 2000, con un nuevo cambio de gobierno,  se transforma el área, dando lugar a cambios en la estructura organizacional y reformulación de programas, inclusive cambia  la denominación: IPPEHM (Instituto de Políticas Públicas de Equidad entre Hombres y Mujeres). En el 2008, con el actual Gobierno vuelve a denominarse Instituto de la Mujer.

Como podemos ver el caso de Mendoza encuentra coincidencias con otras experiencias latinoamericanas: la débil institucionalización del espacio lo deja a merced de las coyunturas políticas y al permanente peligro de “extinción”. Muchas veces la falta de un respaldo legal y político son carencias institucionales que han impedido la conformación de una organización jerárquica que dé continuidad al área. Por eso es necesaria esta Ley.

Una  investigación de la UNC citada, nos marca en el siguiente cuadro los distintos momentos institucionales.

cuadro2

A este cuadro le faltan las gestiones de los últimos años, que resumimos a continuación:

2012 – Alicia Prada, Dirección de las Mujeres, Género y Diversidad.

María Laura Palero; Soledad Benegas y Belén Alvarez

2015 – Dirección de Género y Diversidad  – Silvina Anfuso, quién está en funciones en la actualidad.

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ALGO DE HISTORIA RESPECTO DE LA DIVERSIDAD

La Ley de Nro. 26150 por la cual se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de fecha sancionada el 4 de octubre de 2006, promulgada el 23 de octubre de 2006, recoge los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. En su espíritu propone una cultura democrática y plural que promueva la participación y la accesibilidad a la información, la comunicación y la educación.

En la norma se define a la “educación sexual integral” como aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. En este escenario, el Programa, implementó una política pública tendiente a promover saberes y habilidades relativos a la toma de decisiones concientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad, y derechos sexuales reproductivos.

La ley Nro. 26.618 de Matrimonio Igualitario. “Los mismos derechos, con los mismos nombres”, constituyó un avance trascendental en la construcción de la igualdad y a dignidad para todas las personas y familias, y nos ha puesto ante los nuevos desafíos que conlleva el pleno ejercicio y reconocimiento de la diversidad familiar.

La Ley de Identidad de Género Nro. 26.743, sancionada el 9 de mayo de 2012 por el Congreso de la Nación, resulta un gran avance en derechos humanos y ciudadanos. Un avance tan importante como lo fue la Ley de matrimonio igualitario.

La ley de Identidad de género tiene una íntima relación con un proyecto social y cultural para la nación. Es una ley que promueve la inclusión social y la justicia, reconociendo derechos vedados, y pone al Estado como garante del ejercicio de éstos.

La ley de identidad de género tiene como sujetos de derecho a las personas. Lo que es consecuencia y reconocimiento de una lucha sostenida durante muchos años por diversas organizaciones, entre otras, las que pertenecen a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays y Trans (LGBT), la Asociación de Lucha por la identidad Travesti.

También se modificó el art. 36 de la ley, 26.413 estableciendo que en el caso de matrimonios de personas del mismo sexo, se deberá dejar constancia en la partida de nacimiento del nombre y apellido de la madre y su cónyuge reconociendo legalmente a las familias comaternales. También se incluyó y una cláusula complementaria de equiparación de derechos, allí se establece “…todas las referencias a la Institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituidos por dos personas del mismo sexo como el constituido por el de dos personas de distinto sexo.”

Todas estas normas han enmarcado un proceso de crecimiento con inclusión social que abarcó el reconocimiento y ampliación de los derechos para distintos grupos sociales, entre los que se encuentran las personas con identidades sexuales no hegemónicas, que generaron una democratización en la sociedad sin precedentes.

El patriarcado sobre todas las otras modalidades genéricas son constitutivas de nuestras sociedades,  como lo es la repetición de posturas que sustentan la supuesta superioridad de la propia raza, religión, sexo, nacionalidad o ideología.

Por eso hoy deseamos que nos acompañen a inaugurar una nueva etapa: etapa en la cual los valores compartidos y la experiencia ya trazada en género y diversidad se unan y organicen en una forma institucional más sólida que no dependa de la voluntad circunstancial de quienes gobiernan.