EL GOBIERNO DESCENTRALIZA LAS POLÍTICAS DE GÉNERO A LOS MUNICIPIOS
La Dirección de Género transfiere más 1,3 millones de pesos a las comunas
para asistencia económica a mujeres víctimas de violencia.
El Gobierno provincial realizará transferencias por más de 1,3 millones de
pesos a los municipios para asistir económicamente a las mujeres que
sufren violencia de género, sumándose a los más de 1,1 millones de pesos
que la Dirección de Género y Diversidad gestiona de manera directa, y del
cual ya lleva más del 60% de los recursos ejecutados. Además se
establecerá una línea de financiamiento para las comunas que quieran
habilitar un refugio para mujeres víctimas de violencia, con un
presupuesto estimado de 8 millones de pesos.
Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social, explicó a MDZ que esta estrategia de
“descentralización” obedece a que “los municipios absorben la demanda de
las mujeres que sufren violencia de género, ya que los vecinos entienden
que su comuna es el primer espacio de pertenencia a nivel gubernamental”.
Por ello, “nuestro rol será el de delinear políticas, capacitaciones,
control y seguimiento, con los cuales vamos a fortalecer esas áreas
locales para que el trabajo sea de mayor calidad”.
En los primeros seis meses de este año, alrededor de 1000 mujeres se
acercaron a las áreas de Mujer que funcionan a nivel municipal y
provincial. Del total, se estima que entre el 20 y 25 por ciento requieren
de algún tipo de asistencia económica, mientras que poco menos del 5 por
ciento necesitarían un albergue. A modo de ejemplo, sólo en el último mes
unas 50 mujeres, aproximadamente, requieron ayuda económica, lo que
insumió unos 400 mil pesos.
Sobre los fondos destinados a los municipios, corresponden al Programa
Nuevas Redes, que comenzó a funcionar hace un par de meses y está
destinado a la asistencia directa para mujeres en situación de violencia
que, en el momento de desvinculación con el agresor, requieren una ayuda
económica para salir de esa situación, como puede ser el alquiler de una
vivienda o la instalación de rejas. Esto será definido por el equipo
social que brinde apoyo a la beneficiada.
La idea, según Anfuso, es que, “a partir de los registros de casos que han
ido realizando los municipios, esta primera transferencia nos marcará la
posibilidad de proyectar, para el año que viene, fondos de
descentralización más estables”, lo cual “traerá la posibilidad de acercar
esos recursos principalmente a las mujeres que viven en las zonas más
alejadas del Gran Mendoza y, por otro lado, favorecerá el fortalecimiento
de estas áreas locales para dotarlas de mayor institucionalidad, es decir,
que vayan tomando la importancia que tienen y favorezcan su
profesionalización, en la medida en que empiezan a tomar otras intenciones
y posibilidades de intervención directa”.
En ese sentido, aunque todavía falta establecer los números definitivos,
el objetivo es que los municipios reciban unos 5 millones de pesos durante
el 2017 para ayudar económicamente entre 350 y 500 mujeres que necesiten
recursos monetarios para desvincularse de una situación de violencia de
género. De todos modos, estas cifras son “relativas” ya que requieren un
análisis de cada pedido.
Una de las apuestas para lo que queda de este año es la puesta en marcha
de una red de centros de protección a mujeres en situación de violencia,
también denominados refugios, en cada una de los municipios. Para ello se
establecerá una línea de financiación para las comunas con una inversión
total de 8 millones de pesos. “Los recursos se van a distribuir en la
medida en que los municipios quieran ir abriendo esos dispositivos”,
expresó Anfuso. Más que a la construcción de nuevos inmuebles, en el
Gobierno buscan que se utilicen sitios que estén en desuso, incluso que
estén bajo propiedad de la Provincia. Estos refugios se sumarían a los
existentes en Guaymallén, Tunuyán y Malargüe, todos bajo gestión
municipal.
Sobre el esperado refugio provincial para mujeres, una de las deudas
pendientes en materia de políticas de género, Anfuso indicó que “las obras
se empezaron a pagar desde diciembre, y se están ejecutando a un ritmo
sostenido”. Para la funcionaria del área de Género y Diversidad, en base a
cálculos de la cooperativa constructora, el refugio estaría terminado a
fin de año.
Además de la implementación de estos fondos económicos, Anfuso destacó que
una de las medidas superadoras, en cuanto a las políticas en la
problemática de violencia de género, son las capacitaciones a los
profesionales: “Estamos trabajando las capacitaciones en relación a la
especificidad. Por ejemplo, constituyendo una red de profesionales con
perspectiva de género”.
“El salto cualitativo se da en la posibilidad de tener las ayudas
económicas, acelerar la construcción de refugios y las capacitaciones que
apuntan a reflexionar sobre cada una de las disciplinas de los efectores
en relación al accionar efectivo que tienen que hacer en cada uno de estos
lugares”, sintetizó.